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Renegociación de los convenios para el desvio del ferrocarril

02 de Febrero de 2004

Renegociación de los convenios para el desvio del ferrocarril

Ángel Olivares Ramírez, portavoz del Grupo de Concejales Socialistas del Ayuntamiento de Burgos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 97 del Real Decreto 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente Proposición. EXPOSICI?N DE MOTIVOS En las fechas de 19 de julio de 2000 y 28 de noviembre de 2002, se solicitó formalmente al Ministerio de Fomento la revisión de los convenios suscritos en el mes de noviembre de 1996 y en enero de 1998 que instrumentan la cooperación entre la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Burgos para la construcción de la Variante Ferroviaria de Burgos por considerar que habían variado sustancialmente las condiciones existentes en el momento de su firma. Todas las previsiones más pesimistas se han ido confirmando de tal manera que no afrontar de inmediato la renegociación de los convenios es una manifiesta irresponsabilidad pues ni la Administración General del Estado ni el Ayuntamiento de Burgos pueden soportar el cúmulo de incertidumbres actualmente existentes. El contexto general, las previsiones que fundamentaron el contenido de los acuerdos y la evolución de los acontecimientos han modificado radicalmente las condiciones que en su día justificaron los convenios por lo que la renegociación es una obligación de ambas partes y, especialmente, del Ayuntamiento de Burgos que soporta la mayor parte del esfuerzo y asume, incomprensiblemente, la mayor parte de los riesgos. Los motivos que fundamentan esta necesidad de renegociación son: 1.- Cambios legislativos que incrementan sustancialmente el valor de los terrenos a expropiar. En ambos convenios, el Ayuntamiento de Burgos asume el pago de las expropiaciones para poner a disposición del Ministerio de Fomento los suelos necesarios para la construcción de las obras. Cuando fue suscrito el Convenio para la construcción de la variante ferroviaria, el 13 de enero de 1998, la valoración de los suelos rústicos en la expropiación debía realizarse conforme a la capitalización de las rentas reales producidas por el suelo (Art. 39 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa). Este criterio fue modificado por otro en el mes de abril de 1998, al entrar en vigor la Ley 6/1998, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, que establece un sistema que, al intentar reflejar el valor real en el mercado del suelo, tiene en cuenta expectativas urbanísticas(Art. 26). Aunque se trate de la Ley del Suelo, también es aplicable en la legislación de los Transportes Terrestres y en la de expropiación forzosa, pues su Art. 23 al desarrollar la aplicación general de las reglas de valoración establece que, a los efectos de expropiación, las valoraciones de suelo se efectuarán con arreglo a los criterios establecidos en la presente Ley, cualquiera que sea la finalidad que la motive y la legislación, urbanística o de otro carácter, que la legitime. En el ??Estudio Informativo. Fase B? de la Variante Ferroviaria de Burgos, documento técnico redactado por el Ministerio de Fomento, el valor de las expropiaciones ascendían a la cantidad de 3,56 millones de euros (592 millones de pesetas). El Ayuntamiento de Burgos, en concepto de expropiación de los terrenos necesarios para la variante ha contraído obligaciones por importe de 7.990.656 ? (1.329.533.311 Ptas.) sin haber obtenido ningún ingreso. El desglose es el siguiente: Expropiaciones estación de mercancías 803.35? 133.667.101Ptas. Expropiaciones variante ferroviaria tramo I 1.445.999 ? 240.593.940 Ptas. Expropiaciones variante ferroviaria tramo II 5.741.302 ? 955.272.270 Ptas. TOTAL EXPROPIACIONES 7.990.656 ? 1.329.533.311 Ptas. Sólo con estas cifras ya se justificaría una revisión del convenio dado el desfase existente entre las estimaciones iniciales y las actuales. El problema es de una magnitud incomparablemente superior en el supuesto de que se confirmaran las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación pues la previsión del valor que hoy podrían alcanzar los terrenos, de acuerdo con las Hojas de Aprecio aportadas por los titulares de las fincas, es de 115 millones de euros (19.135 millones de pesetas). 2.- Incremento del precio derivado de decisiones cuyo importe debe pagar en su integridad el Ministerio de Fomento. Por resolución del Ministerio, se modifican las previsiones iniciales incluyéndose una tercera vía de tal manera que en el futuro se disponga de dos vías en ancho internacional y una en ancho ibérico. Esta decisión supone un incremento del coste de infraestructuras y valor de expropiaciones por importe de 15.731.595,13 ? (2.617.517.187 Ptas.) según los cálculos efectuados por el Ministerio de Fomento recogidos en el acta de la reunión celebrada por técnicos de la Administración General del Estado, Junta de Castilla y León y Ayuntamiento el pasado 14 de noviembre. 3.- Errores de cálculo en las previsiones iniciales. Según los estudios iniciales realizados por el Ministerio de Fomento, el coste de ejecución de las obras, excluyendo el valor de las expropiaciones, se estimaba en 102.172.057,75 ? (17.000 millones de pesetas), previéndose que ??en el caso de que el coste de la actuación superara los 19.000 millones de pesetas, el exceso sobre esa cantidad sería sufragado por el Ayuntamiento de Burgos.? Esta cláusula, inédita y exclusiva para Burgos pues en ninguna otra ciudad se ha incluido condición semejante, supone un coste insoportable para la ciudad, ya que se ha demostrado que los cálculos iniciales eran profundamente erróneos. Según las previsiones del Ministerio de Fomento, el coste de la variante ferroviaria de Burgos, sin incluir la urbanización de los suelos que se liberarán cuando se desvíe el ferrocarril, es de 149.608.742,30 ? (24.892.800.196 Ptas.) con lo que el Ayuntamiento debiera de pagar todo lo que superara los 19.000 millones de pesetas. Deduciendo de esta cantidad lo que supone la tercera vía (15.731.595,13 ? - 2.617.517.187 Ptas.) la cifra resultante a pagar en exclusiva por el Ayuntamiento por haber efectuado unos cálculos iniciales erróneos sería de 19.684.847,35 ? (3.275.283.009 Ptas.) El proyecto de construcción, de exclusiva competencia del Ministerio de Fomento, es de una calidad técnica dudosa, tal vez por los típicos afanes propagandísticos de este ministerio, al no tener en cuenta cuestiones elementales que han impedido que se cumplieran los plazos de ejecución con la consiguiente revisión de precios y ocasionando gastos suplementarios como ha sucedido, por ejemplo, con el cambio del vertedero de tierras. 4.- Incremento del precio a consecuencia del retraso en la ejecución de las obras. A los errores detectados, hay que sumar el incremento del coste derivado tanto de la futura revisión de precios como de no haber respetado el plazo del inicio de las obras durante el año 1999. La cláusula 4ª del Convenio prevé que las obras debían estar terminadas en el año 2003 y que el 84% de ellas habrían sido construidas a diciembre de 2002 (de acuerdo con las anualidades que programaba). Una vez solventados los retrasos imputables a un proyecto técnico deficiente, el Ministerio de Fomento, que es el único responsable, fijó como nuevos plazos de terminación el 20 de febrero de 2004 para el tramo II y el 20 de junio de 2004 para el tramo I. Sin embargo, los afanes propagandísticos de Cascos y del PP no soportan la realidad, pues es evidente que en estas fechas no van a terminarse las obras actualmente en ejecución que avanzan a un ritmo de tortuga, habiéndose certificado al Ayuntamiento el escaso importe de 14.027.938? Al día de hoy, como consecuencia de esta lentitud, no se está licitando el proyecto de superestructura, a pesar de estar terminado, con la consiguiente revisión de precios. Este retraso supondrá un incremento del coste de las obras, repercutiendo negativamente en el Ayuntamiento que no tiene ninguna responsabilidad en esta cuestión. 5.- Nuevas interpretaciones del convenio que modifican las aportaciones municipales. Los convenios firmados prevén que el Ayuntamiento pague a RENFE, en concepto de expropiación de los terrenos liberados, 8.000 millones de pesetas (48.080.960?). Sin embargo, ahora RENFE exige, sin fundamento legal suficiente, que a esta cantidad se le añada el 16% de IVA con lo que, a la ciudad de Burgos, esta expropiación el costará 55.773.913?. Las aportaciones municipales se incrementan en 7.692.953?. modificando las previsiones de los convenios. 6.- Justicia. La Administración General del Estado es responsable de la infraestructura ferroviaria, en virtud de la competencia exclusiva que ostenta en materia de obras públicas de interés general y en ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (artículos 149.1.24 y 149.1.21 de la Constitución Española). Asimismo corresponde a la Administración General del Estado la ordenación de las líneas y servicios, tanto de la Red Nacional Integrada Ferroviaria, cuya explotación unitaria corresponde a la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE), como de las líneas de alta velocidad cuya construcción y administración ha sido asignada al Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF). Atendiendo a estas competencias, la variante ferroviaria de Burgos debiera ser pagada, íntegramente, por el Gobierno de la Nación que es el que tiene la competencia exclusiva en esta materia no siendo muy justificable que los ayuntamientos, con los escasos medios de que disponen, tengan que acudir en auxilio de un ministerio tan poderoso como el Ministerio de Fomento. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Burgos asumió obligaciones de gestionar la financiación del 56,58% del coste del proyecto, más el valor de la expropiación de los terrenos, más todo lo que supere los 114.192.300? (19.000 millones de pesetas). Cláusula leonina donde las haya que es la culminación de un convenio muy lesivo para los intereses de la ciudad de Burgos. Por todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno ACUERDA 1.- Denunciar los convenios suscritos en el mes de noviembre de 1996 y en enero de 1998 que instrumentan la cooperación entre la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Burgos para la construcción de la Variante Ferroviaria de Burgos por considerar que habían variado sustancialmente las condiciones existentes en el momento de su firma. 2.- La renegociación de los nuevos convenios debe implicar una seguridad total de las cuantías que debe aportar el Ayuntamiento de Burgos.